El pasado 28 de diciembre de 2023 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (en adelante “SHCP”) publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Fondos de Inversión”, una reforma cuyo principal enfoque es favorecer a las pequeñas y medianas empresas (en adelante “PyMES”) mexicanas.
Esta reforma busca simplificar y agilizar el proceso de emisión de deuda y acciones, proporcionando así a estas empresas una nueva vía más accesible para obtener financiamiento. Además, se promueve activamente la emisión de ofertas, generando un entorno propicio que beneficie especialmente a las medianas empresas, permitiéndoles aprovechar las oportunidades del mercado de valores de manera más efectiva.
En conjunto, estos cambios buscan impulsar la modernización, fortalecimiento y participación activa de las PyMES en el ámbito financiero, estimulando el crecimiento económico y la prosperidad empresarial. Asimismo, la reforma generará un impulso significativo en términos de competencia y dinamismo.
Otro de los aspectos más relevantes a considerar de este decreto, es la incorporación del artículo 9 Bis, el cual insta a la SHCP a establecer o emitir disposiciones administrativas de carácter general (DACGs). Dichas disposiciones tienen como objetivo promover el desarrollo sustentable y sostenible, así como fortalecer la equidad de género en el ámbito bursátil, mediante la promoción, información y evaluación de la adopción de las mejores prácticas.
En relación con lo antes mencionado, se sientan las bases para que la SHCP emita una regulación sólida y formal en relación con el financiamiento sostenible en México. Este marco regulatorio se orientará hacia el adecuado cumplimiento de las políticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) por parte de entidades financieras, bancarias, bursátiles, entre otras.
Este proceso marca el inicio de una transición hacia el financiamiento verde o sustentable, impactando de manera significativa a todas las entidades bajo la jurisdicción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante la “CNBV”).
Finalmente, para la implementación de la reforma, el decreto establece que CNBV y el Banco de México contarán con un plazo de un año para emitir las reglas secundarias que determinarán los lineamientos y directrices aplicables.
Ciudad de México
8 de enero de 2024
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